La gerencia de riesgos y la responsabilidad medioambiental

En los inicios de la aplicación de la técnica de la Gerencia de Riegos, la principal finalidad consistía en proteger la cuenta de resultados de las empresas, utilizando y desarrollando diversas técnicas aplicables de identificación, evaluación, eliminación, mitigación o transferencia final de riesgos a terceros especializados, utilizando esta última opción como complemento adecuado cuando las medidas previas citadas no eran eficaces o posibles en su totalidad.

Con el paso del tiempo, afortunadamente, hemos asistido a la aparición de enormes progresos en general y, con ello, a un desarrollo también espectacular en el ámbito de la Gerencia de Riesgos, identificando riesgos emergentes, disponiendo de novedosas herramientas y aplicando nuevos conceptos con finalidades más amplias que las mencionadas anteriormente. Es por ello que la definición de la Gerencia de Riesgos no deja de crecer y ahora nos encontramos ante situaciones que pretenden proteger no solo la cuenta de resultados de las empresas, sino otros elementos capitales como son: los activos patrimoniales, corazón de la actividad; los empleados, motor fundamental del negocio; los suministradores, colaboradores relevantes en el proceso; el entorno social y económico de los ámbitos geográficos en los que se actúa; la sensibilidad hacia el medioambiente; la responsabilidad social corporativa; la reputación y ética empresarial y otra serie de cuestiones de marcado carácter estratégico, como el énfasis en el desarrollo del talento y la excelencia, el traslado de conocimiento, la atracción y retención de empleados claves, la sostenibilidad, el reciclaje, la economía circular, etc.

Dicho lo anterior, realizando un análisis básico, partimos de que nuestras actividades empresariales tienen su origen geográfico en Europa, extensibles posteriormente a cualquier parte del mundo, lo que nos hace disponer, de forma inicial y afortunada, de un entorno regulado, en mayor o menor medida, que produce seguridad jurídica en el inicio de las transacciones comerciales, lo cual, unido a las nuevas técnicas de protección que se desarrollan en el ámbito de la Gerencia de Riesgos, nos permite afrontar, con las garantías precisas, la realización de negocios relevantes y ambiciosos proyectos empresariales que disponen de adecuado tratamiento en su gestión con el objetivo de obtener un avance constante que permita crear riqueza y acompañar el desarrollo que la sociedad demanda, con la infinidad de cambios y avances producidos que van a continuar en un periodo de tiempo relativamente corto, según todas las previsiones.  

Existía, por tanto, en nuestra Carta Magna una novedosa y moderna preocupación por el medioambiente que dio lugar al desarrollo posterior de diferentes leyes, amplias y variadas, relacionadas con este ámbito (Reglamentos de Residuos Peligrosos, por ejemplo, y otras normativas de similar contenido y finalidad conectadas con el medioambiente citado).

No obstante, se produce posteriormente un segundo episodio relevante que afecta al ámbito legislativo español en esta cuestión, pues se elabora una Directiva Europea (2004/35/CE) donde la reparación de daños causados al medioambiente se traspone al ámbito español mediante la promulgación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que establece en su exposición de motivos un régimen administrativo de responsabilidad de carácter objetivo para las actividades contenidas en su Anexo III, e ilimitado, en el sentido de devolver los recursos dañados a su estado original, basado en los principios de prevención y de reparación de daños medioambientales definido con la expresión quien contamina paga. 

A esta necesidad responde la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, que posteriormente se traslada a nuestro ordenamiento jurídico. Es de destacar que se trata de un régimen de carácter administrativo, que incorpora un conjunto de potestades mediante las cuales la Administración Pública garantiza el cumplimiento de la ley. Se separa aquí, pues, la responsabilidad citada (administrativa) del concepto de responsabilidad civil clásica, atribuido este último a los tribunales de justicia cuando existen conflictos entre las partes.

Por tanto, podemos decir que la ley española de 2007 desarrolla el original artículo 45 de la Constitución Española, a través de la transposición de la Directiva Europea 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental, garantizando que los daños al medioambiente sean reparados por su causante, evitando que el Estado o las Comunidades Autónomas tengan que asumir los costes del siniestro.

Como menciona el preámbulo de la Ley y la propia Directiva Europea, se convierte en fundamental el carácter preventivo y remediador del daño medioambiental ocasionado, siendo estas cuestiones muy relevantes para los Gerentes de Riesgos, ya que los conceptos citados son vitales y base primordial de nuestra profesión:

1. Mejorar las evidencias de base para el proceso de evaluación y toma de decisiones de la Comisión, Estados miembros, grupos de interés y participantes (elaborando un marco de evaluación y un registro de la Directiva citada).
2. Dar soporte a su implementación a través de herramientas y medidas para un mayor apoyo en este sentido (entendimiento general y común de términos y conceptos, capacidad desde un punto de vista constructivo aplicado a las cuestiones prácticas).
3. Asegurar suficiente disponibilidad de capacidad financiera, en particular para pérdidas importantes o en supuestos de insolvencia (garantizar instrumentos suficientes y disponibles para cubrir las responsabilidades que señala la Directiva). 

Como todo buen Gerente de Riesgos debe de saber, la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, establece un régimen administrativo de responsabilidad ambiental de carácter objetivo para las actividades contenidas en el Anexo III e ilimitado, basado en los principios de prevención y de reparación de daños medioambientales (quien contamina paga). La Ley citada está formada por 49 artículos agrupados en 6 capítulos y una parte final integrada por 14 disposiciones adicionales, una transitoria y 6 finales, así como 6 anexos. Está desarrollada parcialmente por medio del Real Decreto 2090/2008, en el que se establece un nuevo régimen de reparación de daños medioambientales en el cual los operadores que ocasionen daños a los recursos naturales, o puedan ocasionarlos, deben adoptar las medidas necesarias para su prevención o, cuando el daño ya se haya producido, limitar o impedir sus efectos, así como devolver los recursos naturales dañados al estado en el que se encontraban antes de que se produjese el daño.

Es importante señalar que no todos los recursos naturales están protegidos por esta Ley. Se consideran a estos efectos, exclusivamente, aquellos amparados bajo el denominado “concepto medioambiental” como los daños a las aguas, suelo, ribera del mar, rías, especies de flora y fauna silvestres presentes permanente o temporalmente en España, así como los hábitats de todas las especies silvestres autóctonas. Quedan, pues, excluidos los daños al aire y los daños a las personas y a sus bienes. Por otra parte, no todos los daños que sufran estos recursos naturales generarán responsabilidad medioambiental. Para que la ley se aplique debe de existir una amenaza de daños, o daños ocurridos, que produzcan efectos negativos sobre el propio recurso natural. En lo referente a los suelos, el concepto incluye, adicionalmente, riesgo evidente de producir efectos adversos que afecten a la salud humana.

Aparte de lo citado, existen particularidades, algunas muy interesantes por lo novedoso de sus conceptos y por la decisión del Ministerio de Medioambiente de aquella época, con Dña. Cristina Narbona como ministra de esta cartera, utilizando la Directiva como una norma de mínimos, a la que luego se le ha dado desarrollo especifico en España en función de las circunstancias, experiencias, estrategias y necesidades de nuestro entorno particular.

Concluimos entonces, resumiendo, que el objetivo de la Ley es la trasposición al Derecho español de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. Pretende que el causante responda de los daños que ocasionados a determinados recursos naturales (suelo, aguas, especies silvestres y hábitats protegidos, riberas del mar y ríos), sin incluir los daños al aire y a las personas o a sus propiedades, que no son objeto de esta Ley, focalizando en el daño ecológico puro, como daño a recursos naturales medioambientales, sin tener en cuenta su titularidad pública o privada. El causante está obligado a devolver el recurso dañado a su situación inicial o, caso de no ser posible, compensar el daño mediante otras acciones en otros lugares, no estando permitida la indemnización económica de daños a terceros.

1. Análisis de Riesgos Medioambientales (ARM) que exige la Ley. La Gerencia de Riesgos debe de participar en este proceso como elemento clave en los riesgos a identificar y en las medidas y decisiones a adoptar al objeto de cumplir la función preventiva que pretende la Ley.
2. Es preciso conocer el resultado en términos económicos que presenta este análisis, estableciendo las técnicas aplicadas para la base de su cálculo, herramientas informáticas específicas y disponibles usadas para este fin (MORA, etc,), así como los criterios aplicados y su desglose. 
3. La cifra resultante del ARM debe de ser al menos el mínimo legal establecido, incluyendo costes de prevención, reparación complementaria y compensatoria, así como un posible margen de seguridad como recomendación realizada previamente.
4. Debe de existir una mención expresa sobre la garantía financiera a utilizar. Si se hubiera decidido el establecimiento de una póliza de seguro para este supuesto, como entendemos que ocurre en la mayoría de los casos por ser el elemento más sencillo para realizar la transferencia del riesgo a un tercero, debe de confirmarse esta opción o valorar las otras alternativas recomendadas por la ley (aval bancario o reserva técnica ad hoc). Quizás se decida utilizar conjuntamente alguna de las indicadas, teniendo en cuenta que, a pesar de los cálculos realizados, la responsabilidad es siempre ilimitada y la cifra final puede resultar mayor que la establecida en la evaluación de riesgos.
5. Es preciso presentar a la administración competente la Declaración Responsable con el contenido mínimo que exige el Anexo IV del Reglamento.

1. Emisión de un folleto explicativo sobre la Directiva. 
2. Puesta a disposición de los Estados miembros de contenidos para acciones de formación sobre la Directiva. 
3. Explorar y aprovechar vinculaciones entre la Directiva y otras disposiciones legales, como la Directiva de Hábitats y la Directiva Marco del Agua. 
4. Evaluación de aspectos adicionales relacionados con la evaluación del riesgo y la determinación de los niveles de riesgo de la industria en la Unión Europea o con las actividades de más riesgo. 
5. Realización de un estudio exhaustivo sobre la posibilidad de creación de un fondo, o instrumentos similares, para hacer frente a la seguridad financiera/garantías financieras de las empresas e industrias europeas en el contexto de la Directiva. 

• Prioridad Grupo 1. Instalaciones incluidas en la Directiva SEVESO (2003/105/EC) que producen electricidad por combustión, con un ratio termal total con aportaciones de 50 megavatios e instalaciones para desechos o recuperación, diferentes de vertederos o residuos peligrosos con capacidad que exceda 10 toneladas diarias. 
• Prioridad Grupo 2. Actividades como las instalaciones producen electricidad por combustión, con un ratio termal total con aportaciones por debajo de 50 megavatios o ciertas instalaciones dedicadas a la fabricación del proceso de metales con altos ratios de productividad. 
• Prioridad Grupo 3. Minería o instalaciones de gestión de residuos, con un ratio de tratamiento bajo. 

1. Sensibilidad hacia una materia fundamental para la sostenibilidad actual y el desarrollo de futuras generaciones, que haga necesario establecer una estrategia legislativa previa que permita obtener los resultados previos.
2. Se trata de un trabajo arduo y difícil para aglutinar y dar cohesión a todos los conceptos particulares de cada Estado Miembro, ofreciendo una mejor alternativa bajo un proyecto comunitario que pretende el avance de la sociedad.
3. Existe un proceso de ajuste fino, ciertamente complicado de realizar, que pretende acoplar conceptos, ideas o necesidades y dar forma definitiva común a la legislación aplicable con el acuerdo de todos los participantes.

La Ley menciona que aquellos operadores que utilicen la figura del seguro, entre las opciones posibles como garantía financiera obligatoria, deberán complementar sus pólizas con una aportación al Fondo de Compensación de Daños Medioambientales (FCDM), cuya gestión y administración se atribuye al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). 

Esta participación consistirá en un recargo especifico en la propia prima del seguro que luego será trasladado al CCS por parte de las aseguradoras y cuyo importe se establecerá mediante las correspondientes tarifas aprobadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Entendemos que el proceso de funcionamiento es similar al recargo tramitado por las aseguradoras en colaboración con el CCS para la cobertura de Riesgos Extraordinarios.

A continuación se reproduce el texto de la página web del propio CCS con la regulación de esta cuestión, por lo novedoso del mismo dada su reciente promulgación (Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se aprueban las tarifas y modelos de la aportación al Fondo de Compensación de Daños Medioambientales y modelos de recargo y Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Presidencia del Consorcio de Compensación de Seguros, por la que se aprueba los modelos del recargo a favor del Fondo de Compensación de Daños Medioambientales y se establece el procedimiento de declaraciones e ingreso).

(https://www.consorseguros.es/web/ambitos-de-actividad/otras-actividades/riesgos-y-danos-medioambientales) 

• Las actividades cuyos seguros hayan sido cancelados antes de cesar la actividad.
• Los daños que hayan sido generados después de cesar la actividad, por abandono de instalaciones con potencial contaminante, sin cumplir con las medidas obligatorias para evitar dicho riesgo.
• Los hechos, daños o responsabilidades que no hubieran tenido cobertura en el seguro si hubiera estado la póliza en vigor.
• Los daños al aire, personas o bienes.
• Los episodios de contaminación descubiertos de forma fehaciente por primera vez, antes de transcurrir tres años desde que tuvo lugar el cese definitivo de la actividad asegurada. A estos efectos, se considera la fecha de cese de la actividad asegurada aquella en la que concluyeron las operaciones preceptivas para el saneamiento o desmantelamiento de las instalaciones a efectos de prevención de contaminaciones futuras, o bien aquella en la que el asegurado dejó de llevar a cabo cualquier tipo de actividad en la instalación.
• Los supuestos de contaminación reclamados por primera vez después de transcurrido el plazo de aplicación previsto en el artículo 4 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre.
• Igualmente, el Fondo no atenderá las exclusiones de cobertura contempladas en la póliza de seguro correspondiente, ni las establecidas en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y en las disposiciones que la desarrollan.

1. Identificar y evaluar los escenarios accidentales y establecer la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos.
    
2. Cuantificar la gravedad de las consecuencias del daño ambiental, incluyendo parámetros de mitigación, generadas en cada escenario, al objeto de determinar si es significativo o no (para esto se aplican los criterios establecidos en el Reglamento de la Ley, que indican que los factores a considerar son la intensidad, extensión y duración del daño ambiental).
    
3. Estimar un Índice de Daño Medioambiental (IDM) asociado a cada escenario accidental siguiendo la metodología del Ministerio (herramienta informática denominada MORA – Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental).
    
4. Calcular el “riesgo asociado a cada escenario accidental” como el producto entre la probabilidad de ocurrencia del escenario y el índice de daño medioambiental.
    
5. Calcular el riesgo total de la instalación, sumando los riesgos asociados a cada escenario accidental.
    
6. Seleccionar los escenarios con menor índice de daño medioambiental asociado que agrupen el 95 % del riesgo total.
    
7. Establecer la cuantía de la garantía financiera, como el valor del daño medioambiental del escenario con el índice de daño medioambiental (IDM) más alto entre los escenarios accidentales seleccionados, debiendo de proceder como sigue:
    
   • Cuantificar el daño medioambiental generado en el escenario seleccionado (el de IDM más alto entre los que agrupan el 95 % del riesgo total).
   • Monetizar el daño medioambiental generado en dicho escenario de referencia, cuyo valor será igual al coste del proyecto de reparación primaria. Para ello se cuenta con la herramienta del Ministerio ya citada (MORA). Una vez determinada la cuantía de la garantía financiera obligatoria, se procederá a calcular los costes de prevención y evitación del daño, para cuyo cálculo el operador podrá aplicar un porcentaje sobre la cuantía total de la garantía obligatoria o estimar tales costes de prevención y evitación a través del análisis de los riesgos medioambientales.
      
8. A continuación, la empresa contratará la garantía financiera mediante las opciones establecidas en la Ley, en su Capítulo IV, cuya constitución es imprescindible para el ejercicio de las actividades relacionadas en el Anexo III. Por medio de ellas se pretende asegurar que el operador dispondrá de recursos económicos suficientes para hacer frente a los costes derivados de la adopción de las medidas de prevención, de evitación y de reparación de los daños medioambientales. El artículo 24 atribuye a la autoridad competente la responsabilidad de establecer la cuantía de la garantía financiera para cada tipo de actividad, en función de la intensidad y extensión del daño que se pueda ocasionar, de acuerdo con los criterios que se fijen reglamentariamente. La determinación de esta cuantía deberá ser realizada conforme a la metodología para la evaluación económica de la reparación de los daños medioambientales, cuya elaboración prevé igualmente el apartado 3 y cuya aprobación compete al Gobierno de la Nación, con el fin de dotarle de un carácter básico que asegure su aplicación uniforme en el conjunto del Estado.
   
   Como ya se ha indicado, se establecen tres modalidades de garantías financieras, las cuales podrán constituirse alternativa o complementariamente entre sí:
    
   • La suscripción de una póliza de seguro con una entidad aseguradora autorizada para operar en España. En este caso, corresponderán al Consorcio de Compensación de Seguros las funciones a que se refiere el artículo 33.
   • La obtención de un aval, concedido por entidad financiera autorizada a operar en España.
   • La constitución de una reserva técnica mediante la dotación de un fondo ad hoc para responder de los eventuales daños medioambientales de la actividad, con materialización en inversiones financieras respaldadas por el sector público.
      
9. La empresa presentará finalmente ante la Administración una Declaración responsable en la que se indique que ha constituido la garantía financiera, su importe y la justificación de haber realizado las operaciones previstas en la normativa, y que contenga la información requerida legalmente.
    
10. Hay que recordar también que el Capítulo V de la Ley se ocupa del régimen de infracciones y sanciones, cuyo apartado no se encuentra cubierto por el seguro a contratar si se elige esta modalidad como garantía financiera. Las infracciones tipificadas en el artículo 37 definen aquellos comportamientos que constituyen incumplimientos de las obligaciones que la ley impone a los operadores, agrupándolas en dos categorías: muy graves y graves, atendiendo a los perjuicios, mayores o menores, que para los recursos naturales puedan derivarse de tales conductas. Las sanciones, por su parte, prevén multas que oscilan entre los 10.001 € y los 50.000 €, en el caso de las infracciones graves, y entre los 50.001 € y los 2.000.000 €, en el caso de infracción muy grave. Además, se prevé en ambos casos la posibilidad de suspender la autorización concedida al operador por un periodo máximo de dos años en las infracciones muy graves y de uno en el caso de infracciones graves.

• ¿Saben los Gerentes de Riesgos de las grandes empresas a lo que nos exponemos o simplemente se subcontratan estas cuestiones a terceros externos cumpliendo con la ley, pero sin involucrarse, por desconocimiento, en el planteamiento y las posibles soluciones? 
• ¿Existen direcciones de medio ambiente en este tipo de empresas?
• ¿Se ha conseguido trasladar la concienciación sobre esta cuestión a la alta dirección y al resto de la organización? 
• ¿Disponemos de los análisis y garantías adecuadas previstas en la ley?
• ¿Conseguiremos identificar los riesgos y evitar los mismos en la medida de lo posible antes de que sucedan?
• Estamos hablando de las grandes empresas, pero ¿qué ocurre con la pequeña y mediana empresa (PYMES)?, ¿conocen esta situación?, ¿analizan el impacto posible en cuanto a su supervivencia financiera y el daño medioambiental que se puede ocasionar si su actividad está catalogada como peligrosa, según lo comentado en este artículo?, ¿se están siguiendo las instrucciones que establece la Ley como el Análisis de los Riesgos Medioambientales?, etc.
• Y, finalmente, ¿qué ocurre con los emprendedores, los estudiantes, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos y la propia Universidad en lo referente a la necesaria conexión, formación, comunicación y colaboración en este sentido?

(1).- Fuente: Página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio para la Transición Ecológica, donde existen links directos de acceso para consulta a cada texto normativo referenciado.

(2).- El Ministerio para la Transición Ecológica, establecido por el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, es el departamento de la Administración General del Estado al que corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de energía y medio ambiente para la transición a un modelo productivo y social más ecológico. Igualmente, corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica la política de agua como bien público esencial.

• Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril de 2004.

• Ley 26/2007, de 23 de octubre.
• Texto consolidado de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, modificada por el artículo 32 del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio.
• Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
• Texto consolidado de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, modificada por la Ley 11/2014, de 3 de julio.

• Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre.
• Correcciones al Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre.
• Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007 de 23 de octubre.
• Texto consolidado del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, modificado por el Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo.

• Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.
• Texto consolidado de la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, modificada por la Orden APM/1040/2017.

• Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre.

• Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se aprueba la tarifa de la aportación al Fondo de Compensación de Daños Medioambientales.
• Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Presidencia del Consorcio de Compensación de Seguros, por la que se aprueba los modelos del recargo a favor del Fondo de Compensación de Daños Medioambientales y se establece el procedimiento de declaraciones e ingreso.

Como ha señalado el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, dos tercios de los europeos viven actualmente en ciudades. Eso hace un total aproximado de 333 millones de personas. Cada día se crean nuevas formas innovadoras para que la vida urbana resulte más “verde” y es el motivo por el cual se trata de incentivar estas políticas desde las instituciones, con reconocimientos y premios establecidos en este sentido.

Hubert Bruls, alcalde de Nimega desde 2012, declaró: “Llevamos años haciendo un gran esfuerzo para hacer más sostenible el municipio de Nimega. Nuestro objetivo es que la ciudad sea climáticamente neutra en 2045”.

Hay que recordar en este sentido que Vitoria-Gasteiz consiguió el título de Capital Verde en 2012. Esta es la única ciudad de España con este distintivo. Los jueces valoraron que la ciudad tiene una alta proporción de zonas verdes públicas, donde todos los residentes viven a menos de 300 metros de distancia de un espacio verde abierto. También, existen numerosas medidas tangibles para ayudar y aumentar la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. Se controla la flora y la fauna, se reduce la fragmentación del hábitat en la medida de lo posible, se han adoptado medidas para reducir la contaminación lumínica y existe un objetivo de reducir el consumo doméstico de agua a menos de 100 litros per cápita por día.

Se concluye que en Europa hay casi 1.000 ciudades que pueden participar en estos dos reconocimientos y premios de forma que, como menciona Karmenu Vella, se demuestra que “la diversidad natural es, además, una fuente de inspiración. Es parte de nuestro patrimonio cultural. Cualquier persona que vive en una zona urbana es parte interesada en el desarrollo de su entorno. Si hacemos nuestras las extraordinarias ideas de estos ganadores, haremos de las ciudades unos lugares más verdes y hermosos en los que vivir.”

• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Ministerio para la Transición Ecológica.
• Pool Español de Riesgos Medioambientales.
• Asociación Española de Gerencia de Riesgos (AGERS).
• European Commission. Environmental Legislation.
• European Commission. European Green Capital.
• Agencia Europea de Medioambiente.
• Consorcio de Compensación de Seguros.
• BOE. - Leyes citadas.