El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) es una institución singular, por su naturaleza y funciones, a nivel internacional. Sin embargo, el CCS no es, ni mucho menos, la única organización pública ideada con el fin de proporcionar una cobertura aseguradora asequible y prácticamente universal para los riesgos catastróficos. Muchos otros países disponen de programas aseguradores para alguno o varios de estos riesgos con participación pública. Esta participación puede ser regulatoria: una aseguradora o un pool de aseguradores privados cubren unos determinados riesgos catastróficos y el Estado articula vías para hacer viables estos sistemas (obligatoriedad del seguro, ventajas fiscales, etc.), o bien la participación pública se puede traducir en la presencia de empresas aseguradoras públicas, que cubren estos riesgos con la cooperación indispensable del sector privado, como es el caso del CCS.
Las maneras de cubrir estos fallos del mercado son múltiples y los riesgos cubiertos también lo son, pero hay un denominador común: la cobertura de riesgos catastróficos con algún modo de participación pública, que caracteriza a muchos sistemas aseguradores del mundo. El World Forum of Catastrophe Programmes (WFCP) es un foro de naturaleza informal donde buena parte de los sistemas existentes en el mundo tienen la oportunidad de compartir experiencias e identificar mejores prácticas y soluciones viables para los problemas a los que se enfrentan cotidianamente, que son mucho más comunes que las formas de darles respuesta. A finales del pasado mes de septiembre de 2018, el CCS organizó en Madrid la 12ª reunión del WFCP, y ese importante evento constituye el eje central en torno al cual se articula el noveno número de la revista Consorseguros Digital. El artículo de análisis es una visión panorámica del WFCP y de su evolución histórica, así como del desarrollo de la 12ª reunión. De este artículo emanan tres interesantes contribuciones. La primera está firmada por la Prof. Paula Jarzabkowski y sus colaboradores de la Cass Business School y refleja la conferencia inaugural de la reunión, basada en su estudio, de reciente publicación, sobre las entidades a medio camino entre lo público y lo privado, destinadas a reducir la brecha en la cobertura aseguradora frente a los riesgos de catástrofe. Las otras dos son parte de las conferencias científicas que complementaron los contenidos de la reunión: una de D. Miguel Llorente (IGME) y D. Jorge Macías (Universidad de Málaga) sobre la necesidad de evaluar correctamente el riesgo de tsunami y las maneras de hacerlo y otra de D. David López y D. Juan Rebollo, del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX sobre el modelo IBER y su aplicación al estudio de inundaciones.
Otro gran bloque de este número tiene que ver con el seguro del automóvil, otra de las grandes áreas de actividad del CCS más allá de los riesgos catastróficos. D. José Antonio Badillo y D. Alejandro Izuzquiza aportan dos puntos de vista diferentes (la sentencia y su argumentación previa) de un interesante caso sometido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, a la postre, arroja luz sobre el seguro obligatorio del automóvil y el alcance de esta obligatoriedad. En la sección de actualidad, varios compañeros del CCS reportan sobre las IV Jornadas sobre biomecánica de impactos, organizada por el Centro Zaragoza en esa ciudad, que igualmente aporta numerosos puntos de vista, en ocasiones contrapuestos, sobre esta cuestión.
Por último, D. Antonio González firma una reseña de un libro sobre robótica y derecho, que sin duda es otra cuestión jurídica candente y que, al igual que el resto de este número, esperamos que sea del interés del lector.
