El seguro agrario: experiencia y compromiso

Año tras año, los fenómenos extremos, sean meteorológicos, geológicos o político-sociales, ponen de relieve la vulnerabilidad de las vidas y las propiedades en la sociedad actual. Y uno muy especial –esta vez, meteorológico– acaba de cumplir un año. Me refiero, claro, a la DANA que arrasó parte del litoral mediterráneo el 29 de octubre de 2024.

Para poner en contexto estas líneas, centradas en los efectos sobre el sector agrícola y ganadero y en la respuesta que correspondió a la industria aseguradora, hay que empezar por recordar que los efectos de este temporal fueron, sobre todo, urbanos.

Todos sabemos que España es un país que dispone de unos mecanismos aseguradores de colaboración público-privada para afrontar eventos de carácter extraordinario que son excepcionales y reconocidos internacionalmente como referencia. Uno es el sistema de cobertura de los Riesgos Extraordinarios a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros en el ámbito de los seguros personales y generales distintos de la producción agropecuaria –una de las múltiples funciones de esta entidad–; y el otro es el sistema de Seguros Agrarios Combinados, que en el ámbito agrícola se desarrolla en coaseguro por las entidades agrupadas en Agroseguro, también con protección reaseguradora del Consorcio.

Ambos hubieron de activarse en el caso de esta DANA, pero la peor parte, sin duda, se la llevó el Consorcio, que ha tenido que hacer frente al evento extraordinario más grave de su historia, tanto en número de expedientes como en factura económica: nada menos que entre 5 y 10 veces más costoso que los récords anteriores, léase las inundaciones en el País Vasco en agosto de 1983, el temporal Klaus en enero de 2009 o el terremoto de Lorca (Murcia) en mayo de 2011. Y lo que es más importante, con un altísimo número de víctimas –aún mayor que en el 11-M de 2004–, que hacen de este un episodio especialmente lamentable y que han requerido de una especial sensibilidad en la gestión del Consorcio.

Y tan solo un año después, aunque a esta fecha aún quedan «flecos», el Consorcio ha resuelto lo que le tocaba, acercándose a los 5.000 millones de euros. Como en ocasiones anteriores, ha contado con la inestimable colaboración de todo el sector asegurador, pero lo cierto es que esta entidad pública ha dado el ‘do de pecho’, y ha demostrado dos cosas: una, su enorme eficacia y la absoluta necesidad de su existencia; y dos, la plena justificación de la necesidad de acumular reservas, cuya suficiencia nunca está garantizada. Por todo ello, mi expreso reconocimiento y efusiva felicitación al Consorcio –lo digo con orgullo, es mi antigua casa– y a sus responsables.

Dicho esto, la DANA también impactó de forma severa en el campo. El seguro agrario se ha enfrentado a eventos más costosos y con mayor acumulación de expedientes –como ejemplos recientes, las heladas de 2022 o la intensa sequía de 2023–, pero este caso ha representado la peor tormenta individual en la ya larga historia del sistema. En cuestión de horas, precipitaciones torrenciales, granizo o vientos huracanados pueden arrasar el trabajo de todo un año, afectando a miles de agricultores y ganaderos en amplias zonas del país. Y así ocurrió a finales de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha, sin olvidar que el primer impacto de la DANA ya se había hecho notar pocas horas antes en la provincia de Almería.

Un año después, aún produce desazón recordar aquellos sucesos, pero también es vital reflexionar sobre los mecanismos puestos en marcha por Agroseguro y el resto de los actores del seguro agrario en las horas, días y semanas posteriores para aprovechar la experiencia y afinar los procesos, de forma que, cuando la realidad climática nos vuelva a poner –porque lo hará– en una situación parecida –o peor–, la respuesta sea cada vez más eficaz.

Es evidente que el sistema de seguros agrarios, tras cuatro décadas y media de funcionamiento, tiene a sus espaldas muchos ejemplos de eventos históricos –sequías, borrascas, heladas– y mucha experiencia en la gestión de siniestros masivos, lo que permite a Agroseguro activar con rapidez los procesos de peritación y atención a los asegurados. Pero de cada caso se aprende, y hay que seguir avanzando, porque, lamentablemente, el clima no para de superarse a sí mismo.

¿Qué circunstancias marcaron la DANA de octubre de 2024 y cuáles fueron las claves de su gestión? En primer lugar, su dimensión. La humana –esto es obvio–, la económica y la geográfica. El evento meteorológico causó graves daños en diversas zonas de la península ibérica, pero si nos centramos solo en la provincia de Valencia, los daños se extendieron por una superficie amplísima, ya que el viento, las fuertes precipitaciones y el pedrisco impactaron en explotaciones agrícolas de numerosos municipios, muchos de ellos alejados de las zonas donde se concentraron los mayores daños personales y materiales. La superficie agrícola afectada sumó 25.500 hectáreas, y lo que es aún más importante, más de 50.000 parcelas, que tuvieron que ser evaluadas una a una, con la mayor celeridad posible y sin menoscabo del rigor técnico.

La segunda clave ha sido la tecnología. Desde el día siguiente a la tormenta, las nuevas tecnologías y los desarrollos implantados por Agroseguro en los últimos años nos permitieron realizar un primer mapa aproximado de las zonas que podrían haber resultado afectadas y una primera planificación del despliegue de evaluadores de daños que iba a ser necesario. Y para esto fue también muy importante la experiencia y el conocimiento del terreno y de la estructura productiva regional que tiene nuestro personal en las direcciones territoriales.

Y un tercer aspecto a resaltar fue la comunicación, que resultó clave no solo para agilizar la gestión, sino además para ayudar a aplacar el caos, el temor y la incertidumbre que una situación así genera. En el momento en que tuvimos conocimiento de la gravedad de los daños registrados, se procuró trasladar a la Generalitat Valenciana, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Junta de Andalucía, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a los representantes sectoriales mensajes de tranquilidad, especialmente en tres aspectos: el fundamental, que todos los daños –por pedrisco, lluvia, viento o inundación– estaban cubiertos por el seguro agrario; y además, que se tramitarían todas las declaraciones de siniestro, se presentaran cuando se presentaran –conscientes de la imposibilidad de acceso inmediato a las parcelas–, y se reforzaría cuanto fuera preciso la red pericial local, claramente insuficiente para la magnitud de lo ocurrido, con el objetivo de visitar todas y cada una de las parcelas afectadas. Y, por supuesto, mantuvimos contacto permanente con nuestras 16 entidades coaseguradoras para conocer las circunstancias de sus y nuestros clientes.

En los días sucesivos, se emitieron diversas notas de prensa y se atendieron casi un centenar de peticiones de los medios de comunicación. Además, se reforzaron todas las vías de contacto, tanto telefónico como por correo electrónico y a través de la página web, donde se abrió un apartado especial de información. Asimismo, mantuvimos un contacto permanente con organizaciones agrarias y cooperativas locales para conocer y compartir el impacto de la DANA en el sector, y trasladamos a la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, y en varias ocasiones al propio conseller, en reuniones telemáticas y presenciales, el dispositivo preparado por Agroseguro para afrontar una muy complicada evaluación de daños de la forma más rápida posible.

La evaluación de daños: 10.000 agricultores y ganaderos afectados

Las circunstancias no estuvieron exentas de cierto «salto al vacío», debido a la enorme dificultad de precisar, en las primeras horas y días, el impacto real de la DANA y los posibles escenarios a los que nos enfrentábamos –aun con la certeza de que nos encontraríamos con una superficie afectada muy elevada–, lo que obligaba a preparar un dispositivo potente, pero flexible, muy especialmente en lo referente al despliegue de técnicos tasadores, que no podía hacerse de golpe porque no habría resultado eficiente.

Agroseguro enfocó su trabajo en la inmediatez y en la calidad de servicio que se requería. Centramos nuestros primeros esfuerzos en evaluar de manera inmediata las producciones listas para la recolección, con el objetivo no solo de aportar cuanto antes liquidez al sector, sino además de facilitar a los productores la posibilidad de dar salida a la producción que no tenía daños. En concreto, en la fecha del siniestro, solo una pequeña porción de la producción valenciana de caqui estaba ya recogida, con la mayor parte aún en el árbol, expuesta al fuerte viento, lluvia y pedrisco. El rápido trabajo de evaluación de daños realizado por Agroseguro tenía gran trascendencia, si tenemos en cuenta que el caqui es una de las producciones valencianas más importantes.

Y tras el caqui, se procedió a la evaluación de daños del resto de producciones: uva de vino –ya recolectada, pero con daños en plantación debido al arrastre de viñas por el torrente de agua–, hortalizas, instalaciones… Y por supuesto, cítricos: la evaluación de todos los daños se extendió hasta finales de marzo, cuando las últimas explotaciones afectadas por la DANA –las de variedades más tardías– terminaron su campaña de recogida.

La evaluación de daños comenzó, en firme, la semana del 4 de noviembre, y el día 28 –apenas un mes después de la tormenta– se abonaron los primeros 10 millones de euros. Un plazo muy breve, si tenemos en cuenta las dificultades que tuvieron los afectados para poder emitir los partes de siniestros, y las nuestras para iniciar las peritaciones debido a la inaccesibilidad inicial de las parcelas y a las también enormes complicaciones de los desplazamientos. Para muchos agricultores, la indemnización de Agroseguro fue el primer ingreso que recibieron tras la catástrofe.

En total, el número de afectados alcanzó los 10.000 agricultores y ganaderos, y las indemnizaciones se elevaron finalmente hasta los 60 millones de euros. Es una cifra que nada tiene que ver con los daños personales, materiales y empresariales que ha tenido que afrontar el Consorcio, sin duda, pero que sí demuestra en nuestro caso la excepcionalidad del evento meteorológico que produjo esos daños en apenas unas horas .

Y también hay que admitir –y agradecer– que el sector ha reconocido nuestros esfuerzos de comunicación y de gestión, evaluación de daños y abono de indemnizaciones, valorando de forma muy positiva varios de esos aspectos, sobre todo el de la rapidez en los pagos.

El compromiso de los profesionales de la peritación

De la treintena de peritos tasadores que habitualmente trabajan en la Comunidad Valenciana, se llegó a desplazar a más de un centenar, procedentes de toda la península e incluso de Canarias, al tiempo que también se desplazó a empleados de Agroseguro desde Madrid, Cataluña, Aragón y Castilla-La Mancha para participar en la coordinación de trabajos. Todo ello se hizo en condiciones logísticas muy complicadas, con vías de transporte y comunicación impracticables. Por ello, solo podemos agradecer la paciencia y el compromiso de los peritos tasadores, que tuvieron que padecer no solo parcelas embarradas o anegadas, sino atascos totalmente desconocidos para Valencia y numerosas carreteras cortadas o afectadas. Incluso muchos de ellos tomaron la decisión de pernoctar en alojamientos situados en municipios alejados del entorno urbano de Valencia, pero cercanos a las principales zonas afectadas, para poder facilitar sus desplazamientos y un acceso más rápido a las explotaciones. En ocasiones, evaluaron daños en parcelas donde no quedaba prácticamente nada, ni una planta o árbol, o donde el barro alcanzaba una altura considerable. Y para llegar hasta las explotaciones, fueron los propios peritos quienes facilitaron el transporte a los asegurados, ya que muchos de ellos habían perdido sus vehículos durante la tormenta. Les escucharon, les acompañaron y desde luego dieron todo de sí mismos para proporcionar el mejor servicio a nuestros asegurados en un momento plagado de emociones, urgencias y dificultades. Casi podría decirse que lo de menos fueron las cuestiones técnicas de la peritación, porque, como ya he dicho, en Agroseguro tenemos amplia experiencia en evaluar daños provocados por fenómenos tormentosos graves y en complejas y extensas campañas de peritación.

El Real Decreto-ley 7/2024

Por añadidura a los procesos propios de la respuesta aseguradora, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación encargó a Agroseguro la labor de identificar a los productores afectados, tanto asegurados como no asegurados, en todo el ámbito geográfico en el que había impactado la DANA, con el objeto de incluirles dentro del Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptaban medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA.

En concreto, el texto estableció que la condición de beneficiario se determinaría tras «una evaluación de los daños realizada por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) a partir de los informes periciales que al efecto proporcionase Agroseguro, tanto sobre explotaciones o parcelas que cuenten con aseguramiento como sobre aquellas que no dispongan del mismo».

En este punto, creo que es preciso aclarar que las administraciones públicas siempre han defendido la utilidad y la necesidad de asegurar, y todas ellas apoyan la suscripción del seguro con fondos presupuestarios para subvencionar una parte muy importante de su coste, que en conjunto ronda el cincuenta por ciento. Por esta razón, en circunstancias normales no se destinan fondos a conceder ayudas directas a producciones asegurables.

Pero las circunstancias de este caso no fueron normales. La excepcionalidad de la situación vivida en octubre de 2024 y su impacto económico obligaron a las administraciones públicas a articular medidas extraordinarias para aquellos productores sin seguro, ya que asumir el riesgo de no recuperar un tejido económico tan importante como el sector primario en Valencia no era un escenario admisible. Dotar de ayudas extraordinarias a las explotaciones aseguradas y no aseguradas para que pudiesen regresar a la actividad tenía repercusiones más allá de la actividad agraria y ganadera, pues también supuso preservar la actividad económica de las empresas auxiliares, distribuidoras, de transportes, comercios… En definitiva, que el sector primario se recuperase en el menor tiempo posible y con el menor impacto trascendía mucho más allá del campo.

La labor desarrollada por Agroseguro para llevar adelante las tareas encomendadas en el Real Decreto-ley no solo requirió del despliegue de un centro de recepción de llamadas externo, con más de 200 operadores trabajando, sino contar con la experiencia y capacidad de gestión de los profesionales de Agroseguro y con un importante apoyo tecnológico que permitió delimitar en muy breve plazo de tiempo la conocida como «zona cero»: áreas continuas y homogéneas conformadas por municipios con evidencia constatada de daños graves, superiores al 40 %, en gran parte de sus explotaciones. Para ello, se contó con herramientas GIS, con las primeras valoraciones en campo y con dos empresas externas de teledetección referentes en la materia (AriSat y VisualNace).

Se contactó con casi 40.000 potenciales afectados y, en su caso, se asignaron los trabajos de valoración en campo a profesionales de la peritación que gracias a su trabajo constante y comprometido pudieron cumplir con el exigente plazo que marcó el Real Decreto-ley, finalizando casi todos los procesos e informes muy pocas semanas después de la DANA.