La Unidad Militar de Emergencias. Medio extraordinario del Estado en la respuesta ante emergencias

El objeto de este artículo es dar una visión general de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desde sus orígenes, organización y capacidades de intervención, hasta sus actuaciones más recientes en la lucha contra la pandemia de la COVID-19 y como consecuencia de la borrasca «Filomena», describiendo sus principales misiones y cometidos.

El incremento en la frecuencia y severidad de los desastres naturales como consecuencia del calentamiento global supone una preocupación mundial ante la respuesta a emergencias y catástrofes. La solución que han adoptado las diferentes naciones es variada y se orienta a los riesgos más probables y a los recursos de que disponen, pero en todos los casos con el fin último de salvaguardar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. La participación de las Fuerzas Armadas en el auxilio a la población afectada por una catástrofe se remonta a la propia existencia de los ejércitos. Su organización y estructura jerárquica los convierten en una buena herramienta para su empleo en las emergencias. Por ello, algunos países, como España, han optado por crear unidades militares especializadas en emergencias.

En España, la protección civil es el servicio público que protege a las personas y bienes, garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea esta accidental o intencionada. Dicha competencia recae en las autonomías cuando la emergencia no excede de su nivel. En este caso, si se declara una emergencia de «interés nacional», es el Estado quien tiene la responsabilidad de hacerle frente. De este modo, la UME surge como un instrumento al servicio del Estado ante este tipo de situaciones. 

El 7 de octubre de 2005 se crea la UME con el objeto de mejorar la respuesta del Estado ante situaciones de emergencia. Esta Unidad surge con la función de ser el primer recurso de las Fuerzas Armadas en intervenir para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en las situaciones de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas. Su diseño le permite una actuación rápida y flexible, con personal y material especializado para cada riesgo identificado; no obstante, la colaboración del resto de las Fuerzas Armadas es imprescindible en operaciones sostenidas en el tiempo o que impliquen el aporte de recursos.

A pesar de que a lo largo de su corta historia la dependencia orgánica de la UME ha cambiado, actualmente está bajo las órdenes del titular del Ministerio de Defensa. Según la Ley de la Defensa Nacional en vigor, su misión es contribuir militarmente a la acción del Estado en emergencias de interés nacional o como medio extraordinario en apoyo a las comunidades y ciudades autónomas, siendo esta labor extensible al conjunto de las Fuerzas Armadas.

Por lo tanto, la UME es una fuerza conjunta y permanente, cuya misión es la intervención en cualquier lugar del territorio nacional o en el exterior para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos, junto con las instituciones del Estado y las Administraciones públicas en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas (1).  

Entre la normativa más relevante se encuentra el Real Decreto 1097/2011 (se abre en una ventana nueva) de 22 de julio, sobre el Protocolo de intervención de la UME, donde se establecen las condiciones para su actuación en las situaciones de emergencia con carácter grave, con origen en riesgos naturales, como inundaciones, avenidas, terremotos, deslizamientos de terreno, grandes nevadas y otros fenómenos meteorológicos adversos de gran magnitud; los incendios forestales; las derivadas de riesgos tecnológicos y, entre ellos, el riesgo nuclear, radiológico, biológico y químico (NRBQ); las que sean consecuencia de atentados terroristas o actos ilícitos y violentos, incluyendo aquellos contra infraestructuras críticas, instalaciones peligrosas o con agentes NRBQ; la contaminación del medio ambiente y cualquier otra que decida el presidente del Gobierno.

La UME está compuesta por aproximadamente 3.500 militares con formación específica para el cumplimiento de sus misiones. Se estructura orgánicamente en: Cuartel General (CG), Unidad de Cuartel General (UCG), Escuela Militar de Emergencias (EMES), Regimiento de Apoyo e Intervención en Emergencias (RAIEM), Batallón de Transmisiones (BTUME) y Primer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM I), todas ellas en Torrejón de Ardoz (Madrid); Segundo Batallón (BIEM II), en Sevilla, junto con una Unidad de Intervención bajo su dependencia en las Islas Canarias (Gran Canaria y Tenerife); Tercero (BIEM III), en Valencia; Cuarto (BIEM IV), en Zaragoza; y Quinto (BIEM V), en León.

El despliegue de la UME obedece al criterio de estar a menos de 4 horas por vía terrestre de cualquier punto de nuestro territorio peninsular y garantizar, de ese modo, una rápida respuesta, imprescindible en las emergencias. 

El Cuartel General de la UME tiene como misión principal el asesoramiento y asistencia al General Jefe de la UME (GEJUME) en el ejercicio del mando. Está compuesto por el Estado Mayor, el Departamento de Relaciones y Evaluación, la Sección de Asuntos Económicos, la Consejería Técnica y la Asesoría Jurídica.

La Escuela Militar de Emergencias, creada por Orden DEF/85/2017 (se abre en una ventana nueva) como Centro Docente Militar, constituye la estructura fundamental sobre la que se sustenta el pilar de la formación en la UME. Es el órgano responsable de la enseñanza de perfeccionamiento relacionada con las emergencias.

El Batallón de Transmisiones de la UME (BTUME) es responsable de proporcionar al Mando y al Cuartel General de la UME las capacidades de mando, control, telecomunicaciones e información necesarias para dirigir y controlar las operaciones que se le asignen.

Las unidades de intervención (RAIEM, BIEM y BTUME) cuentan todas con Mando y Plana Mayor, Compañía de Plana Mayor y Servicios y, además, respectivamente con:

El Regimiento de Apoyo e Intervención en Emergencias (RAIEM) es la unidad que proporciona a la UME la capacidad de apoyo logístico, apoyo a damnificados e intervención en emergencias tecnológicas (NBQR) y medioambientales. Es decir, el apoyo logístico a la emergencia, tanto a los intervinientes como a los damnificados, y la intervención ante emergencias producidas por riesgo NBQR o medioambiental.

Cada Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM) es la unidad fundamental de la UME para el cumplimiento de las misiones asignadas en su área de responsabilidad. Intervendrá en cualquier situación en la que la UME sea activada, pudiendo hacer frente a todo tipo de situaciones en las que la vida o integridad de las personas y de sus bienes, el medio ambiente, los espacios naturales y sus recursos y el patrimonio histórico-artístico, puedan resultar afectados, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de Intervención de la Unidad. 

Por otro lado, la UME cuenta con el Mando Operativo de los hidroaviones del Grupo 43 de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y los helicópteros ligeros y medios del Batallón de Helicópteros de Emergencias II (BHELEME II), perteneciente al Ejército de Tierra. Los recursos aéreos son muy valiosos, especialmente en la lucha contra incendios forestales y en el rescate en inundaciones.

En los supuestos de emergencias declaradas de interés nacional, y para el caso en el que se decida la intervención de la UME, la dirección y coordinación operativa de las actuaciones a realizar en la zona siniestrada en el ámbito de la protección civil corresponderá al jefe de la UME, bajo la dependencia del Ministerio del Interior. 

Ante esta situación, la UME es responsable de coordinar todo el dispositivo establecido para la resolución de la emergencia, que normalmente implica recursos locales, autonómicos y estatales, públicos y privados. La organización operativa y el sistema de mando tienen capacidad para gestionar la labor de hasta 35.000 intervinientes. 

Para ello, la UME organiza anualmente un Ejercicio Conjunto Combinado en el que se ejerce, de manera simulada, la dirección operativa de una emergencia de interés nacional y en la que intervienen diferentes organismos e instituciones relacionadas con las emergencias, incluso provenientes de otros países con los que mantenemos un convenio de colaboración bilateral o como miembros de una organización internacional (UE, ONU y OTAN). Cada año se realiza en una comunidad autónoma para familiarizarse con las peculiaridades y vicisitudes de cada una y atendiendo, además, a los riesgos más probables según el lugar.

El General Jefe de la UME (GEJUME) ejerce la dirección operativa de la emergencia desde su Puesto de Mando Fijo basado en el Centro de Operaciones Conjuntas (JOC – Joint Operations Centre) del Cuartel General de la UME. Para poder llevar a cabo esta función de manera eficaz se despliega el Puesto de Mando Operativo Integrado (MOPI) en las proximidades de la zona donde se ha producido la catástrofe, bajo las órdenes del Segundo Jefe de la UME (SEJUME), y atender así las necesidades sobre el terreno.

Una pieza fundamental en este tipo de ejercicios es la Sección de Evaluación y Validación, ya que es la responsable de establecer el sistema de control del ejercicio, que consiste en una serie de eventos e incidentes asociados que intentan simular la relación de sucesos que pueden ocurrir en una catástrofe y poner en práctica los procedimientos de actuación y coordinación de cara a su validación y mejora. Además, esta Sección realiza, de forma periódica y sistemática, evaluaciones a las diferentes unidades operativas de la UME en relación a diferentes riesgos, garantizando su alto grado de operatividad y seguridad.

Los módulos de capacidad se clasifican en «distribuidos» y «centralizados». Los distribuidos son aquellos presentes en todos los batallones de intervención y permiten hacer frente a los riesgos más comunes, como la lucha contra incendios forestales, tormentas invernales severas, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos adversos, erupciones volcánicas, terremotos o capacidad de apoyo a la población civil afectada; mientras que los centralizados están disponibles solo en ciertas unidades y permiten aportar capacidades muy concretas y especializadas, como la búsqueda y rescate de personas en situaciones complejas como terremotos, grandes nevadas, espacios confinados, espeleosocorro subacuático; el despliegue de sistemas de telecomunicaciones y de mando y control en catástrofes; las provocadas por riesgos tecnológicos y por la contaminación del medio ambiente; albergues y campamentos de damnificados; la protección de bienes de interés cultural; el sistema de gestión de fluidos (SIGEFLU); empleo de drones (RPAS); puentes semipermanentes; atención a víctimas en la morgue, etc.

En las situaciones de emergencia el tiempo es un factor determinante y las capacidades deben estar en disposición de ser usadas lo antes posible. En ese sentido, la UME está preparada para intervenir permanentemente mediante un sistema que permite ir incorporando a todo su personal de manera escalonada y en un intervalo muy breve de tiempo. A diario hay una relación de personal de guardia en sus instalaciones, conocido como primera intervención, que a su vez se divide entre el elemento de reconocimiento que debe salir en menos de 15 minutos y el resto del elemento que lo debería de hacer en menos de 60 minutos. Inmediatamente después se ordena la incorporación a la base del elemento de segunda intervención, con disposición para salir a la intervención en menos de dos horas y media. El resto de personal de la UME debe estar disponible para salir en menos de seis horas.

Las actuaciones de la UME se basan en tres principios básicos: planificación, adiestramiento e intervención. Los agrupamientos tácticos intervienen como un bloque y a las órdenes de su mando natural, que se pone a disposición del director de la emergencia cuando la responsabilidad de su resolución recae a nivel autonómico.

Entre los módulos de capacidad hay dos que requieren una mención especial: el de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR del inglés Urban Search and Rescue) y el Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (GIETMA).

La UME se desplegó por primera vez fuera de sus fronteras en Haití como consecuencia del fatídico terremoto del 12 de enero de 2010. Esta experiencia impulsó a la UME a certificar sus equipos de Búsqueda y Rescate Urbano por INSARAG (Grupo Internacional de Asesoramiento de Búsqueda y Rescate) y de ese modo cumplir con los estándares de la ONU y poder ser un recurso a su disposición dentro de la estructura de ayuda humanitaria de este organismo. De ese modo, en noviembre de 2011 se superó el proceso de clasificación de un equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de la UME ante evaluadores internacionales de la ONU. 

La capacidad operativa total de la UME contra riesgos naturales se consiguió en el 2009. Por el contrario, no se disponía de capacidad para actuar ante accidentes en la fabricación, transporte, almacenaje o uso de productos tóxicos; en el caso de vertidos o fugas de contaminantes, a consecuencia o no de catástrofes naturales, o para minimizar el impacto medioambiental de ciertas especies invasoras. 

Por ello se decidió iniciar un proyecto que aportase capacidades ante estos riesgos mediante la creación del Grupo de Intervención ante Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (GIETMA), que alcanzó su plena operatividad en 2014.

Para ello se emplearon una serie de capacidades interrelacionadas: de reconocimiento, con el VELIRE (Vehículo Ligero de Reconocimiento), de análisis de muestras con el LABIR (Laboratorio de Intervención Rápida), de intervención con los VINTAC (Vehículos de Intervención Táctica), de descontaminación con los módulos de personal, vehículos y material sensible, la ETAC (Estación de Tratamiento de Aguas Contaminadas) y elementos contra la contaminación medio ambiental, como las barreras de contención de derrames en el agua.

De manera más precisa, sus capacidades son: detección química (limitada a distancia) y biológica puntuales; identificación química y biológica provisionales y confirmadas; toma de muestras NRBQ; detección e identificación radiológica puntual y a distancia; intervención en accidentes industriales; descontaminación NRBQ operativa y masiva de personal; descontaminación de material (vehículos) y de material sensible; tratamiento de aguas contaminadas; contención y recogida de hidrocarburos y control y mitigación de efectos de especies invasoras sobre el medio ambiente.

Una de sus primeras intervenciones fue la Operación «CHILOECHES» a finales de agosto de 2016, como consecuencia de un incendio industrial en una planta de reciclaje y tratamiento de residuos tóxicos en Guadalajara. El principal riesgo era la posible contaminación medioambiental del río Henares, que finalmente se consiguió evitar.

La intervención de la UME en territorio nacional es normalmente a consecuencia de la petición de una comunidad o ciudad autónoma cuando sus medios se encuentran desbordados y requieren de recursos extraordinarios. Esta petición se canaliza a través del Delegado de Gobierno correspondiente a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCYE) del Ministerio del Interior, de ahí se traslada al Ministerio de Defensa, concretamente a la Dirección General de Política de la Defensa (DIGENPOL), que ordena finalmente la activación de la UME. Según la naturaleza de la emergencia, la UME puede solicitar apoyos a los Ejércitos y a la Armada.

Desde sus primeras intervenciones en 2007, la UME ha intervenido en más de 570 ocasiones, principalmente contra incendios forestales (404), seguido de inundaciones y rescates (57), tormentas invernales (35), riesgos tecnológicos (37), misiones en el exterior (17) y en «otro tipo» de operaciones (20). Ha sido en el año 2020 cuando se ha requerido un mayor esfuerzo sostenido como consecuencia de la lucha contra la pandemia, principalmente durante la Operación «BALMIS».

La UME ha intervenido en seis terremotos: dos en España, Lorca (2011) y Melilla (2016), y cuatro en el extranjero, Haití (2010), Nepal (2015), Ecuador (2016) y México (2017). Además, la UME se desplegó en la isla de El Hierro durante la erupción volcánica submarina en 2011. Se ha desplegado en apoyo en la lucha contra incendios forestales en el extranjero: en Chile (2017), Portugal  (2017, 2018 y 2019) y Grecia (2018 y 2019). También ha participado de una manera muy activa en la misión de la ONU en el Líbano (UNIFIL) formando al personal para su intervención en emergencias.

A continuación se exponen algunas de las intervenciones en las que ha participado la UME y que se caracterizan por su particularidad o repercusión.

La proliferación de especies invasoras en nuevos hábitats se ha convertido en un serio problema medioambiental. Este es el caso del jacinto de agua o camalote (Eichhornia crassipes) que, en condiciones óptimas, duplica su biomasa en unos 12 días, dificultando la oxigenación del agua y provocando graves daños a la biodiversidad. Tras encontrar grandes cantidades de esta planta en el río Guadiana y ante la gran dificultad para retirarla, el 9 de octubre de 2018, y a petición de la Junta de Extremadura, la UME se incorporó al dispositivo establecido por Confederación Hidrográfica del Guadiana. Durante varios meses y de manera ininterrumpida desplegaron 120 militares de la UME con 70 medios y con el objetivo de retirar la planta en los 175 kilómetros de cauce afectados (figura 4).

La operación fue una novedad para la UME, que tuvo que buscar soluciones innovadoras que pudieran contribuir a aumentar la eficacia en la extracción. Fue de vital importancia la realización de un seguimiento de los trabajos llevados a cabo y de la evolución de la invasión mediante sistemas de información geográfica. Al finalizar la operación en 2018, se habían extraído del río unas 250.000 toneladas de jacinto de agua, a las que hubo que sumar otros tantos de miles en la segunda batida que tuvo lugar en 2019, consiguiendo acabar con esta especie invasora.

En septiembre de 2019, y como consecuencia de fuertes precipitaciones debidas al efecto de una DANA, se produjeron importantes inundaciones en la Región de Murcia y en Alicante, concretamente en Orihuela. Ante la imposibilidad de rescatar a multitud de personas aisladas, ambas comunidades solicitaron recursos extraordinarios que implicaron la activación y despliegue de la UME. Ante la magnitud de los daños y las previsiones meteorológicas adversas, la UME movilizó militares y medios de todas sus unidades, solicitando el apoyo de los Ejércitos y la Armada. Esto implicó el despliegue de más de 1.100 militares.

Se organizaron dos grupos tácticos con los nombres de «Murcia» y «Orihuela», compuestos por secciones de intervención e ingenieros de la UME, unidades de ingenieros de la Legión, embarcaciones del Centro de Buceo de la Armada, unidades de Policía Militar de la Legión y de la Armada, militares del Mando de Operaciones Especiales y de la III Bandera Paracaidista, drones del BTUME y un helicóptero del Ejército de Tierra, junto a dos aportados por el Ejército del Aire, que sumaron un total de unos 300 medios. Trabajaron principalmente en rescate de personas aisladas, evacuaciones preventivas y achique de puntos específicos, como en Los Alcázares, San Pedro del Pinatar, Beniel, Santomera y Siscar, en Murcia; y en municipios de la Vega Baja, como Orihuela, Dolores, Redován y Almoradí. Para el rescate de personas aisladas fue necesario el uso vehículos todo terreno, embarcaciones y helicópteros (figura 5). En ciertas zonas solo se pudo acceder a pie. 

El dispositivo de las Fuerzas Armadas contó con material específico para inundaciones, como el SIGEFLU de la UME, que permite impulsar 17.000 l/min a 4-5 km de distancia mediante bombas en serie, o 50.000 l/min a 1 km con bombas en paralelo. También los EMBAL con capacidad de bombeo de 320 m³/h. Las máquinas de ingenieros de la UME y de la Legión fueron fundamentales para los trabajos de contención del agua y restablecimiento de infraestructuras.

La complejidad de la operación implicó el preposicionamiento del BIEM V a Alcalá de Henares y del BIEM IV a Valencia, ante la necesidad de refuerzos. Del mismo modo, los Ejércitos mantuvieron varios helicópteros en alerta para colaborar en posibles misiones de helitransporte o de búsqueda y rescate. 

La lucha contra la COVID-19 por parte de las Fuerzas Armadas ha implicado las operaciones «Balmis» y «Baluarte», esta última aún en curso. Es importante resaltar que ambas son operaciones militares de contribución a la acción del Estado en la actual crisis sanitaria y en las que la UME se ha puesto a disposición del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, al igual que los Ejércitos y la Armada. 

La operación «Balmis» encarnó la respuesta inicial de las Fuerzas Armadas en los inicios de la pandemia. En esta misión, que tuvo una duración de 98 días, intervinieron 188.713 soldados, en concepto de soldado/día, de los que 45.414 pertenecían a la UME. Se llevaron a cabo desinfecciones (figura 6) en 5.301 residencias de ancianos (3.828 de ellas realizadas por la UME) y desinfecciones en 12.410 localidades, hospitales, centros de salud y sociales (7.048 a cargo de la UME). También se efectuaron otras intervenciones, como tareas de reconocimiento y apoyo a la seguridad, montaje de campamentos, apoyo logístico, traslado de pacientes y fallecidos, formación en desinfección a equipos de Protección Civil o análisis de diagnóstico PCR en el LABIR (ver apartado del GIETMA). Esta última acción permitió realizar los test de detección de la COVID-19 a los componentes de las Fuerzas Armadas que se desplegaban a las diferentes misiones internacionales en las que España participa.

Tras esta misión, el Ministerio de Defensa ofreció apoyo a las diferentes comunidades autónomas mediante rastreadores para localizar personas que habían estado en contacto con infectados y evitar, así, una expansión incontrolada del virus. Para este cometido primero se activó a la UME, que tuvo que diseñar una metodología y procedimientos para llevar a cabo esta misión. Posteriormente, en un proceso de formación de formadores, los Ejércitos y la Armada aportaron personal para apoyar en esta tarea. Este cometido junto con la desinfección de instalaciones prioritarias ha dado origen a la operación «Baluarte».

Con la finalidad de obtener mejores resultados en la lucha contra la COVID-19, y con el respaldo de comprometidas firmas españolas, se han llevado a cabo proyectos de I+D+i, como la mochila de extinción adaptada a la desinfección, el nebulizador electrostático, el dron para fumigación, lámparas de rayos ultravioleta de control remoto, desinfección con autobomba o la máscara integral en impresora 3D.

A principios de enero de este año la borrasca Filomena dejaba sus efectos en la zona central de la península ibérica, interrumpiendo el funcionamiento de ciudades tan importantes como Madrid, implicando el cierre del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la Estación de Atocha o Mercamadrid, entre otros, y bloqueando el acceso a instalaciones esenciales como hospitales y centros de salud. La gravedad de la situación implicó la intervención inmediata de la UME con el apoyo del Ejército de Tierra (ET). Gracias a un preposicionamiento previo de las unidades de la UME en base a un estudio de la evolución meteorológica, BIEM V a Segovia y BIEM I a Albacete, la intervención no se vio comprometida. Del mismo modo se alertó a todas las unidades de la UME en previsión de su posible activación.

La misión duró 15 días, del 7 al 21 de enero, y se desarrolló principalmente en las provincias de Albacete, Toledo, Madrid (figura 7), Guadalajara, Zaragoza y Teruel. Se organizaron diferentes operaciones según el área de actuación: «YESTE», «MADRID», «BARAJAS», «ARAGÓN», «TOLEDO» y «GUADALAJARA». Las tareas acometidas fueron principalmente limpieza de circunvalaciones, autovías, viales, pistas, aparcamientos, accesos a centros sanitarios, farmacéuticos, logísticos, de alimentación; traslados de enfermos y personal clave y reconocimiento de pueblos aislados.

A modo de ejemplo, el día 13 de enero se encontraban interviniendo 488 militares de la UME y 396 del ET con 289 vehículos en Madrid; 202 militares y 22 vehículos del ET en Toledo; 220 militares con 86 vehículos de la UME en Aragón; 94 militares de la UME y 88 del ET con 67 vehículos en Barajas y 135 militares y 31 vehículos del ET en Guadalajara.

La intervención de la UME en el extranjero puede tener su origen en acuerdos bilaterales entre España y otros países como parte de la respuesta del mecanismo de protección civil de la Unión Europea, en respaldo de una acción humanitaria de la ONU o mediante la integración en una operación militar de apoyo a emergencias liderada por la OTAN. Así, la solicitud de apoyo de la UME puede llegar por diferentes vías: a través del Ministerio de Interior para el mecanismo de la Unión Europea y misiones de la ONU, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores en los acuerdos bilaterales o a través del propio Ministerio de Defensa para activaciones de la OTAN. Ejemplos de ello son las misiones que a continuación se detallan:

El 16 de abril de 2016 Ecuador sufría uno de los más devastadores terremotos de su historia. Un movimiento sísmico de 7,8 grados de magnitud que afectó gravemente a diferentes municipios de las provincias de Esmeralda y Manabí. Ante la gravedad de la situación, los equipos de búsqueda y rescate internacionales se desplegaron durante las 24 horas posteriores al seísmo con el objetivo de rescatar a las personas aún con vida.

El gobierno español movilizó a la UME y al Equipo de Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM), siendo estos los dos únicos equipos españoles clasificados por INSARAG. El 18 de abril, en un avión del Ejército del Aire, 45 militares de la UME y 12 efectivos del ERICAM despegaron de Torrejón camino a Ecuador. Estos equipos aportaban como capacidad principal la búsqueda y rescate de personas y para ello contaban con 6 perros, cuatro para buscar personas vivas y dos para cadáveres, además de cámaras telescópicas, geófonos y drones (figura 8).

A su llegada, y siguiendo directrices de la ONU, los equipos españoles se desplegaron en Canoa, colaborando con los equipos locales en la búsqueda y extracción de cadáveres de entre los escombros mediante el uso de herramientas de corte y perforación.

A continuación, el equipo se desplazó a Manta, a petición de ONU, para llevar a cabo el reconocimiento de una amplia zona y confirmar o descartar la presencia de cuerpos bajo los escombros, así como para verificar el estado de los edificios para la seguridad en las operaciones. Esto permitió a los equipos locales pasar a la fase de desescombro con maquinaria pesada.

Finalizada la búsqueda y rescate, el contingente se trasladó a Chone para verificar el estado del principal hospital de la región, ya que había sufrido daños estructurales. Los equipos españoles valoraron el estado del edificio y delimitaron las áreas seguras. Se recuperaron 105 equipos médicos de gran importancia, como medios técnicos de rayos X, servo cunas, incubadoras, electrocardiogramas o camas eléctricas hospitalarias. Aunque su valor material alcanzaba los 1,2 millones de dólares, en ese momento su valor funcional era incalculable por la necesidad de atender a unos ochocientos pacientes diarios como consecuencia de este trágico suceso. 

Al día siguiente, la tarea asignada fue proteger el Museo Arqueológico de Bahía de Caráquez, considerado bien de interés cultural. Durante dos días se aseguró el edificio, mediante apuntalamiento y saneamiento de zonas inseguras, para evitar que futuros desprendimientos pudieran dañar obras y objetos de gran valor histórico.

Durante enero y febrero de 2017 Chile sufrió una fuerte oleada de incendios forestales que implicaron la solicitud de apoyo internacional. La Unión Europea, a través del Mecanismo de protección civil, envió equipos de Francia, Portugal y España. El 27 de enero, 56 militares de la UME partieron hacia Santiago de Chile en un Airbus 310 del Ejército del Aire.

Junto con los brigadistas de la Corporación Nacional Forestal de Chile, los militares españoles combatieron el fuego utilizando tácticas de líneas de defensa, a modo de cortafuegos, mediante el uso de motosierras y herramienta manual.

Fue la primera intervención de la UME contra incendios forestales al otro lado del Atlántico, lo que supuso un reto en el despliegue.